Por: Act. Eduardo Prudhomme Nieves
En México, la regulación económica del transporte y la distribución por ducto de gas tiene como elemento fundamental la separación entre los servicios de conducción y la propiedad del gas. Con esta separación conocida como unbundling, un ducto que es monopolio natural por sus altos costos fijos, al dar acceso abierto a su capacidad de conducción, crea un espacio para el desarrollo de condiciones de competencia en la actividad de comercialización.
Para que el acceso abierto a los servicios de conducción de gas sea efectivo es importante que su precio no imponga una barrera de entrada o implique un trato discriminatorio a los usuarios. Igual de importante es que el precio sea lo suficientemente atractivo para que el dueño invierta los recursos necesarios para mantener el buen funcionamiento del ducto y se arriesgue a construir más ductos en otras regiones del país.
La CRE es la encargada de que los precios de los servicios, conocidos comúnmente como tarifas, no signifiquen un abuso de poder de mercado por parte del inversionista ni desincentiven la inversión en el sector.
Para que los inversionistas se interesen en desarrollar un ducto, la tarifa debe tener un nivel que sea suficiente para cubrir los costos de operación y mantenimiento, los gastos administrativos, la depreciación de la inversión realizada, una rentabilidad razonable y los impuestos asociados exclusivamente a la actividad de conducir gas.
El campo en el que las posiciones del regulador y el regulado están más lejos de ser convergentes es en el de la interpretación del concepto de rentabilidad razonable. La percepción del riesgo de la industria del primero poco tiene que ver con el riesgo que el segundo quisiera asumir.
La Comisión ha buscado salir del terreno de las interpretaciones y entrar en el mundo de los datos duros y los modelos financieros. Bajo esta perspectiva es posible comprobar que los rendimientos históricos en los mercado financieros internacionales muestran que las actividades de transporte y distribución de gas son menos rentables que la economía en su conjunto representada por índices generales.
Estos elementos de información junto con el principio de autorizar a las empresas reguladas una rentabilidad similar a la observada para actividades de riesgo similar ayudan a definir una cota a lo que se debe entender como rendimiento razonable.
Una vez que la Comisión logra establecer criterios sobre lo que son costos eficientes y rentabilidad razonable es posible definir un ingreso requerido para el periodo regulatorio siguiente que debe poder, en teoría, ser recuperable mediante el cobro de tarifas.
Al final, las revisiones quinquenales sirven para conseguir un adecuado balance entre proteger al usuario evitando que le sean trasladados indebidamente los costos de un diseño excedido y al mismo tiempo dar viabilidad financiera a las empresas reguladas para que no cese su operación.
El reto por delante es lograr una mayor difusión de los temas relacionados con la aprobación de tarifas de transporte y distribución de gas por ducto. No existe una tarifa que deje absolutamente felices a todos pero sí existe la tarifa eficiente dada la información disponible. Conforme ocurra una mayor difusión del actuar de la Comisión, será posible convencer a la sociedad de que las decisiones tomadas siempre son resultado de las mejores prácticas de regulación y están alineadas con los principios de eficiencia, imparcialidad, transparencia, consistencia y previsibilidad.
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